enero 06, 2018
Fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998 y presidente entre 2010 y 2013. El 24 de noviembre de 2013 fue electo presidente constitucional de la república de Honduras en las elecciones generales de 2013 por el 36%, donde hubo una participación récord del 61% de los electores. En 2016, gracias a polémicos cambios realizados durante su gobierno a la constitución para legalizar la figura de la reelección presidencial, fue el candidato oficial del Partido Nacional de Honduras para las elecciones generales de Honduras de 2017, en las que resultó ganador por un estrecho margen.
Controversias
En septiembre de 2012 se presentó un proyecto de ley para la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como "ciudades modelo", inspiradas en la idea de las ciudades chárter. Éstas serían ciudades autónomas de hasta 33 km2 cada una, construidas por empresas extranjeras con concesiones de hasta 80 años, que según sus promotores, captarían la inversión extranjera e incentivarían notablemente el desarrollo de la región.
La iniciativa se encontró con el rechazo de organizaciones sociales y de juristas, como la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, quienes vieron a las mismas como una forma de "privatización del territorio nacional." Se presentaron casi 70 recursos de inconstitucionalidad contra la misma, respaldados por juristas como Fredín Fúnez, el exfiscal de Defensa de la Constitución, Oscar Cruz, y el exfiscal Hari Dixon.
En septiembre de 2012 la empresa estadounidense MKG firmó un convenio para la construcción de la primera ciudad modelo en Honduras, que comenzaría en octubre. Sin embargo, ese mismo mes 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional el proyecto de ley por violentar la autonomía judicial del país, su soberanía y su forma de gobierno, y comprometer el desarrollo del país.Tanto Hernández como el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, lamentaron esta decisión.
El proyecto fue reintroducido en enero de 2013 con algunos cambios para impedir que se repitiera el fallo de inconstitucionalidad. El mismo fue aprobado una vez más por el Congreso en una rápida sesión donde 110 diputados votaron a favor, en el marco de un debate donde se cuestionó nuevamente la violación de la soberanía nacional. Las ahora llamadas "Zonas de Desarrollo y Empleo Económico" (ZEDE) continuaron perfilándose como proyectos de gran beneficio para el país durante el mandato de Hernández como Presidente de la República.
En enero de 2012 se aprobó una Ley de Depuración Policial que introdujo las "pruebas de confianza" a miembros de la Policía Nacional, en donde se incluía el uso de un polígrafo, algo prohibido por el artículo 101, literal del Código Procesal Penal del país.
La ley violaba además garantías constitucionales y del derecho internacional.15 Tal situación llevó a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a fallar en contra de las pruebas de confianza, aunque todos coincidieron en la ilegalidad del uso del polígrafo.
En respuesta, el 12 de diciembre el Congreso Nacional determinó destituir a los 4 magistrados con la aprobación de 97 de los 128 diputados, esto con el respaldo de Hernández, quien habló de una "conspiración" de los magistrados contra los intereses del pueblo. La acción fue considerada por muchos un "golpe institucional" contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso, quien excedió sus facultades según lo afirmó el experto constitucionalista y diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto.
También fue condenada por diputados de las diversas bancadas en el Congreso, por el fiscal general adjunto del Ministerio Público y presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, por la Asociación de Jueces por la Democracia y por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial; y cuestionada por el Consejo Nacional Anticorrupción.
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