enero 06, 2018
El excandidato presidencial del Partido Anti Corrupción (PAC), Salvador Nasralla, también había asegurado que el Comité Central del Partido Nacional (CCPN), formó diez empresas para drenar con las arcas del IHSS.
Nasralla está siendo querellado por difamación y calumnias por dirigentes del Partido Nacional. Ante el escándalo y bajo el lema #OposicionIndignada, un grupo de jóvenes sin recursos económicos, han encontrado en las redes sociales una herramienta para convocar a vigilias y grandes concentraciones en las calles para protestar contra la corrupción y la impunidad.
En las manifestaciones los ciudadanos gritan “¡Fuera JOH (Juan Orlando Hernández)! ¡Fuera JOH!”, "que se vayan, que se vayan" y "¿Quién se robó el Seguro Social? el Partido Nacional".
Los manifestantes no solo piden renuncias y destituciones de funcionarios públicos, sino además crear una comisión internacional contra la impunidad que investigue y aclare los escándalos de corrupción, así como existe la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A Hernández la ciudadanía le recrimina haber impulsado siendo presidente del congreso, la remoción de funcionarios en el Poder Judicial; militarizar la lucha contra la inseguridad y haber respaldado la reciente despenalización de la reelección presidencial.
Pero es el escándalo del IHSS el que amenaza la estabilidad de Hernández en el poder. Además de los cheques, toda la junta directiva del IHSS acusada del desfalco proviene del Partido Nacional, cuyo nombramiento fue por el otrora mandatario Porfirio Lobo, también de la misma agrupación política.
La red de testaferros liderada por Zelaya, incluida su esposa, dirigía empresas fantasmas que cobraban cheques millonarios por supuestas prestaciones de servicios y suministros médicos, sobrevaloraban los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña, pagando comisiones a los funcionarios públicos.
Un total de 23 personas han sido acusadas por la fiscalía, 6 de ellas se mantienen en fuga. Entre los imputados están los 18 miembros de la otrora junta directiva de la entidad.
Zelaya fue capturado el año pasado en Nicaragua. Desde hace seis meses está preso en un batallón en las afueras de Tegucigalpa junto a un ex viceministro de Salud y otro de Trabajo.
En el desfalco también están implicadas dos modelos, la hondureña Ilsa Vanessa Molina, detenida en enero pasado en Estados Unidos por entrar ilegalmente en ese país, y la chilena Patricia Ciuffardi, examante del exdirector del Seguro Social.
El exfiscal del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, quien lideraba las investigaciones sobre este saqueo, salió del país junto con su familia por haber recibido amenazas de muerte.
Ramírez recurrió a la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario para ser enviado como embajador ante la Unesco.
El movimiento anticurrupción hondureño continuará con las protestas. El índice de impunidad en Honduras, según datos del Ministerio Público, supera el 90% de los delitos cometidos.
La crítica situación del país llamó la atención de la Iglesia Católica. “Honduras ha puesto el crimen y la corrupción en el lugar de Dios", criticó el Cardenal Andrés Rodríguez Maradiaga.
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